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Avala SCJN cobro de impuestos ecológicos


La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) avaló la aplicación de los cuatro impuestos de remediación ambiental aprobados por la Legislatura local en 2016.

Con ello, la tesorería estatal podrá aplicar tasas impositivas relacionadas con la extracción de minerales, emisión de gases a la atmósfera, emisión de contaminantes al suelo, subsuelo y agua así como el depósito y almacenamiento de residuos.

A pesar de que cada uno de las cargas fiscales fue votada por mayoría, en el caso del vinculado a la extracción de minerales el presidente de la Corte, Arturo Zaldívar Lelo de la Larrea, advirtió que la aplicación de este gravamen podría interpretarse como un impuesto a la explotación minera “de manera subrepticia”.

Además se estableció que el gobierno estatal no podrá cobrar impuesto sobre la explotación y aprovechamiento del agua del suelo o del aire, ya que estas son competencias atendidas por la Federación.

Sin embargo, cobrará sanciones por la contaminación que las empresas generan en estos dos ámbitos.


Federico Soto Acosta, Coordinador General Jurídico del gobierno estatal, explicó que tras la resolución de la SCJN, queda pendiente la resolución de los amparos interpuestos por las empresas para evitar el pago de dicho gravamen.


Afirmó que 9 amparos se encuentran en la SCJN, uno más en el Juzgado de Distrito y 7 están en diversos tribunales colegiados de circuito; “pero podemos concluir que al decidirlos tendrán que asumir el criterio de la SCJN”.

En entrevista radiofónica, dijo que pasando la instancia jurisdiccional iniciará la etapa de recaudación, que estará a cargo de la Secretaría de Finanzas.

Los impuestos, incluidos en la Ley de Hacienda de Zacatecas, fueron aprobados en diciembre de 2016 por la 62 Legislatura.

Sin embargo, en febrero de ese año, la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República interpuso una controversia constitucional para echar abajo el paquete de impuestos.

El pasado 7 de febrero, la SCJN aprobó la posibilidad de que las entidades federativas puedan cobrar impuestos de remediación ambiental.

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