Con el voto unánime de los legisladores presentes, se aprobó la iniciativa de punto de acuerdo, por el que se exhorta al ejecutivo del Estado para que haga uso de sus atribuciones como mediador en el conflicto de Minera San Martín, e intervenga de manera directa instalando mesas de diálogo con las autoridades federales, la empresa minera “Grupo México”, el ayuntamiento de Sombrerete y los sindicatos involucrados, para que se reactive esta importante fuente de empleos para Sombrerete.
También con el voto a favor de todos los legisladores presentes, se avaló el dictamen respecto de la iniciativa de punto de acuerdo, por el que se exhorta respetuosamente al gobernador del Estado, para que en ejercicio de sus facultades, establezca una mesa de trabajo y de diálogo con autoridades federales, estatales, y con la empresa minera denominada “Panamerican Silver”, con el objeto de dar solución a la problemática que se ha suscitado entre habitantes de la comunidad “La Colorada”, ubicada en el municipio de Chalchihuites, y la empresa minera en mención.
Durante su discusión en lo general, el diputado Osvaldo Ávila Tiscareño subió a tribuna para hablar a favor de la propuesta.
Otra propuesta fue la iniciativa de punto de acuerdo, por el que se exhorta respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo del Estado a efecto que de manera inmediata aplique un plan de intervención para detener la violencia de género que se vive en el Estado, en especial en su caso extremo que es el feminicidio, y que emita su dictamen sobre la alerta de género.
“La erradicación de la violencia contra la mujer es parte esencial del desarrollo de nuestra región”, expresó la diputada Iris Aguirre Borrego al exponer su propuesta.
En la iniciativa se establece que la legislación del Estado prohíba de manera explícita, el uso de los medios alternos de solución de conflictos en los casos relacionados con la violencia cometida en contra de las mujeres y las niñas, particularmente en aquellos relacionados con la violencia familiar. Además se pide se incluya en la base de datos estatal, información sobre las órdenes de protección solicitadas, dictadas, la duración, el tipo, las circunstancias que la motivaron, el seguimiento del cumplimiento que guarda, su eficacia y eficiencia.
