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Quienes integran el Grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática Dip. María Elena Ortega Cortés y Dip. Santiago Domínguez Luna, como parte de un grupo de Diputadas y Diputados amplio y plural; le cumplen a las zacatecanas y zacatecanos que viven más allá de de la frontera.
Un grupo de quince Diputadas y Diputados de la LXII Legislatura del Estado, presentó la iniciativa de la Ley para el Desarrollo Humano de las y los Zacatecanos Migrantes y sus Familias para el Estado de Zacatecas, en consideración a que el grupo poblacional de zacatecanas y zacatecanos que han tenido que emigrar, sobre todo al vecino país del norte, es similar en cantidad que quienes habitamos en la entidad.
Entre las consideraciones que se señalan en la exposición de motivos, destaca el reconocimiento de que si bien la migración es un fenómeno que ha acompañado el desarrollo de la humanidad; esta situación no siempre ha sido fácil y ni siquiera legal, pues en el caso de México, después de que concluye el programa Bracero en 1964, se dio paso a la inmigración ilegal.
Se destaca, que desde hace décadas, nuestro país se caracteriza por ser un lugar de origen, tránsito, destino, retorno, desplazamiento y refugio de personas migrantes, lo que ocasiona múltiples y variadas problemáticas que se deben atender y la iniciativa plantea alternativas para su atención en el territorio zacatecano.
Una cuestión fundamental con relación a nuestro estado, es que ha aprendido a sobrevivir en los últimos cincuenta años a partir del aporte de las remesas familiares, y cuya dependencia es creciente ante la débil estructura económica estatal y la limitada capacidad de generación de empleos: por ello se propone reorientar el sentido en el que se aplican las remesas, pasando del gasto corriente y de sobrevivencia a generación del crecimiento económico de los diversos municipios y regiones, coadyuvando con ello al desarrollo económico y social.
Entre las propuestas, destaca la obligatoriedad del Ejecutivo del Estado a través de diversas secretarias, así como de los gobiernos municipales para que se establezcan políticas públicas, de carácter transversal con enfoque de género y sustentable y con posibilidades además de articulación transexenal para generar políticas de Desarrollo Económico Integral, Migración y Derechos Humanos.
Dichas políticas deben superar el carácter asistencialista tradicional y atender la diversificación de los nuevos tipos y formas de migración caracterizadas por un mayor flujo de mujeres, niñas, niños y jóvenes.
Para fomentar el uso adecuado de las remesas, se propone entonces la necesaria inversión estatal para atender a las y los migrantes en cualquiera de las fases de la migración, se propone promover la cultura del micro finanzas en las comunidades migrantes para aumentar los servicios educativos, de salud, de vivienda y de calidad de vida.
Así mismo, se genera el Banco Estatal de Desarrollo Económico, como un modelo de Banca Social, que se capitalizará con recursos económicos estatales y federales; así como con la inversión de recursos que provienen de las remesas; este otorgará créditos en las mismas condiciones de solidaridad social, a colectivos de mujeres, jóvenes y hombres de escasos recursos, pero que presenten un proyecto viable con la finalidad de generar desarrollo económico regional o municipal.
Finalmente, se propone crear un Consejo Consultivo como un órgano colegiado de participación, asesoría, consulta y evaluación de la Secretaría de Migración, para el diseño, elaboración e implementación de las políticas públicas para las personas migrantes; de igual manera, se propone crear los Institutos Municipales de Migración y la generación de los Consejos Consultivos a nivel municipal, con las mismas atribuciones del Consejo Estatal.
