La prisa por construir Milpillas parece esconder corrupción: REMA

La Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA) advirtió que la urgencia del gobierno del estado por iniciar los trabajos para la construcción de la Presa Milpillas podría esconder corrupción.

“El Gobierno del Estado de Zacatecas no presupuestó ni un peso para la obra lo cual nos hace suponer que la urgencia que anuncia como única alternativa para abatir el problema de agua en la zona centro: Fresnillo-ZacatecasGuadalupe es una mentira que esconde corrupción”.

A través de un comunicado, la REMA dijo que los ejidos donde se realizará la construcción de la Presa Milipillas y obras relacionadas no tienen permisos otorgados por las asambleas ejidales, de acuerdo al Registro Nacional Agrario (RAN).

Detallaron que los ejidatarios de Atotonilco, El Potrero, Estancia de Guadalupe y Corrales no han otorgado  los permisos, “como lo confirma la respuesta que nos ha sido entregada por el RAN, con fecha 20 de marzo del presente año, con los oficios número 418, 419 y 420”.

Esto, pese “a que Luis Fernando Maldonado, titular de la Secretaría de Agua y Medio Ambiente (SAMA) afirmara hace unos días que dentro de un mes se licitará la Construcción de la Cortina de la presa a las empresas interesadas”.

Explicaron que desde octubre del 2018, ejidatarios e integrantes del Observatorio de Conflictos Mineros de Zacatecas y de la Red Mexicana de Afectados/as por la Minería (OCMZac/REMA) acudieron al RAN a solicitar las supuestas actas de asamblea con la aprobación de los ejidos.

“Cabe mencionar que sin estos permisos no se puede, ni debe iniciar dicha construcción”, refirieron.

“Desde el 15 de octubre del 2018, hemos venido denunciando la violación a los derechos humanos y agrarios de las personas que vivimos en estos territorios. Una vez más comprobamos que la corrupción, las mentiras y los intereses ocultos envuelven el Proyecto de la Presa Milpillas”.

Argumentaron que en diversas ocasiones se trató de legitimar el proyecto con asambleas amañadas; “se intentó o se compró a algunos de los órganos de representación y se  actuó de forma ilegal”.

Ante estos actos, se presentaron quejas ante la Procuraduría Agraria, la Comisión Nacional y Estatal de Derechos Humanos, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, denuncias interpuesta ante el Ministerio Público y la demanda de nulidad en el Tribunal Unitario Agrario interpuestas por ejidatarios.

Exhortaron al Gobierno Federal a llevar a cabo una investigación profunda y frenar la ola de atropellos que el proyecto está causando en el municipio de Jiménez del Teul en Zacatecas.

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