Por su labor como abogado postulante, en la academia, en el servicio público, en la mejora y protección de los derechos sociales, así como por su destacada participación como analista y columnista en medios de comunicación sobre temas meramente jurídicos, este miércoles fue galardonado por la LXII Legislatura con la Medalla al Mérito Jurídico de Zacatecas, Aquiles González Navarro.

Durante la ceremonia de entrega estuvieron presentes como representante del Gobernador del Estado, el Coordinador General Jurídico del Gobierno del Estado Lic. Jehú Edui Salas Dávila; en representación del Magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas, la Magistrada Silveria Serrano Gallegos; y el general Guillermo Almazán Bertotto, comandante de la onceava Zona Militar.

Por otra parte, en la jornada legislativa integrada por seis sesiones, se discutieron y aprobaron los ordenamientos jurídicos complementarios al Sistema Estatal Anticorrupción, como lo son la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas, y la Ley de Justicia Administrativa; también se avaló la Iniciativa con Proyecto de Decreto que autoriza al Gobierno del Estado la enajenación en calidad de compra venta, de un predio que servirá para la edificación de una tienda de auto servicio.

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Con el aval de 27 votos a favor de las y los diputados asistentes, fue aprobado el dictamen presentado por la Comisión Legislativa de Vigilancia, respecto a la iniciativa de Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Zacatecas, mediante la cual se reorganiza el sistema de fiscalización en la entidad.

La Iniciativa en cuestión se suma a otros ordenamientos legales emitidos por la legislatura en el marco del Sistema Anticorrupción, por ejemplo, la Ley de Justicia Administrativa, que solventa en gran medida, diversas inconsistencias, toda vez que se establecen las bases para que todas las instancias vinculadas con el combate a la corrupción trabajen de manera coordinada, respetando los ámbitos de competencia respectivos.

La nueva normatividad reduce los tiempos de trabajo para el ente fiscalizador, y mejora los parámetros técnicos de los informes a fin de que sean más comprensibles, desprovistos de vaguedad; serán objetivos, y deberán tener información sustentada por evidencia de fiscalización suficientemente apropiada.

Con las reglas que derivan del Sistema Nacional Anticorrupción se fortalece a la Auditoría como un ente de amplio alcance, del mismo modo se desarrolla la capacidad para identificar cambios económicos y sociales de carácter estructural, elaborar un sistema de análisis y mitigación de riesgos para evaluar las políticas y los programas gubernamentales, evaluar el desempeño global y sectorial de los programas y de las políticas públicas, y diseñar una estructura organizacional eficiente, todo bajo un enfoque de alta especialización. En el mismo sentido, se establece la vinculación de los sistemas estatales anticorrupción y de transparencia, así como la permanente coordinación entre la Auditoría Superior del Estado, Fiscalía y el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, para cerrar la pinza en el combate a la corrupción.

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