De acuerdo al reporte hecho por la calificadora Moody’s, la legalización del impuesto minero brindará mayor flexibilidad para recaudar nuevos impuestos en la entidades federativas

El documento titulado State of Zacatecas: Supreme Court rulings in favor of ecological tax are credit positive, prevé que la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) reducirá la necesidad de financiamiento a los estados.

Ahora, las resoluciones de la SCJN permitirán la revisión de varios amparos interpuestos por empresas en Zacatecas para que el Estado pueda empezar a cobrar el nuevo impuesto, asegura Moody’s.

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El gasto en proyectos de obra pública y educación hicieron que el déficit financiero de Zacatecas aumentara a 8.3 por ciento de los ingresos totales en 2017, su mayor déficit en cinco años.

“Zacatecas ha podido frenar el gasto en obras públicas desde principios de 2018, y estimamos que el nuevo impuesto ayudará a reducir el déficit financiero del Estado a 1.4 por ciento en 2019”, señaló la calificadora.

El documento establece que el impuesto ecológico generará aproximadamente mil 230 millones de pesos en ingresos anuales adicionales, lo que equivale a alrededor del 55 por ciento de los ingresos propios del estado en 2018.

La Ley de Hacienda del Estado de Zacatecas establece que los ingresos generados por el impuesto ecológico pueden ser utilizados para diversos gastos, que incluyen iniciativas en materia de salud, y proyectos de infraestructura para reparar daños ambientales.

También se realizarán inspecciones de actividades contaminantes, esfuerzos de recuperación de desastres naturales, desarrollos sostenibles para el medio ambiente y proyectos de vivienda para reubicar a las poblaciones de zonas de alto riesgo ambiental.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) avaló la aplicación de los cuatro impuestos de remediación ambiental aprobados por la Legislatura local en 2016.

Con ello, la tesorería estatal podrá aplicar tasas impositivas relacionadas con la extracción de minerales, emisión de gases a la atmósfera, emisión de contaminantes al suelo, subsuelo y agua así como el depósito y almacenamiento de residuos.

A pesar de que cada uno de las cargas fiscales fue votada por mayoría, en el caso del vinculado a la extracción de minerales el presidente de la Corte, Arturo Zaldívar Lelo de la Larrea, advirtió que la aplicación de este gravamen podría interpretarse como un impuesto a la explotación minera “de manera subrepticia”.

Además se estableció que el gobierno estatal no podrá cobrar impuesto sobre la explotación y aprovechamiento del agua del suelo o del aire, ya que estas son competencias atendidas por la Federación.

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