La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aprobó que las entidades federativas pueden cobrar impuestos relacionados con el medio ambiente, luego del debate en torno a la Controversia Constitucional interpuesta por la Federación en contra del Impuesto Minero, aprobado por Poder Legislativo local en 2017.
De acuerdo a la Ministra Norma Lucia Piña Hernández, la controversia interpuesta no está en función de establecer impuestos relacionados con el medio ambiente ya que la Federación acepta que es una facultad concurrente.
NOTA RELACIONADA: Impuestos ecológicos harán corresponsables a las empresas por contaminación
El debate, consideró la Ministra, es que la Legislatura zacatecana se excedió en esas facultades violando las facultades exclusivas de la Federación.
Ante ello, con 8 votos a favor, el pleno consideró que los estados cuentan con la facultad para el cobro de impuestos al medio ambiente.
Sin embargo, en torno a los 4 impuestos aprobados por la 62 legislatura -extracción de minerales, emisión de gases a la atmósfera, emisión de contaminantes al suelo, subsuelo y agua así como el depósito y almacenamiento de residuos- será la próxima semana cuando el pleno de la SCJN analice cada uno de los casos para determinar su legalidad.
La controversia constitucional 56/2017, promovida por la Federación, demandó la invalidez de la Ley de Hacienda y de Ingresos del Estado de Zacatecas en contra de la decisión de la Legislatura local.
La ponencia de la Ministra Piña Hernández propuso el sobreseimiento respecto de la ley de ingresos del estado de zacatecas y del decreto gubernativo mediante el cual se otorgan estímulos fiscales y reglas de facilidades administrativas, ambos correspondientes al ejercicio fiscal de 2017.
Asimismo, reconoce la validez de los artículos 6 a 36 de la ley de hacienda del estado de Zacatecas, a la luz de la interpretación conforme que quedó precisada en el considerando séptimo de la presente resolución.
La Ley de Hacienda del Estado de Zacatecas, que integran los 30 artículos a debate, fue aprobada por los diputados de la 62 Legislatura en diciembre de 2016.
En febrero de 2017, la Presidencia de la República decidió interponer una controversia constitucional.
