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Durante la transmisión de la licitación pública IEM932076965/Sinfra/018/2016 (que se vio a través de redes sociales), Alejandro Tello Cristerna llamó a la secretaria de la Función Pública, Paula Rey Ortiz Medina a integrar la figura de Contraloría Social.

Esto implicaría que por lo menos un beneficiario (o beneficiaría, pues) de las obras que ejecute el gobierno estatal tendría que integrarse a dicha Contraloría para verificar el cumplimiento de las metas y la correcta aplicación de los recursos públicos asignados.

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Algunas de las funciones que tendrían estos comités son la de solicitar información a las autoridades sobre la obra en su conjunto; vigilar que las obras y acciones se realicen de acuerdo a las características, ubicación, tiempos y metas establecidas en los expedientes técnicos o proyectos ejecutivos y la supervisión de la misma.

Pero sobre todo, deberá informar de las irregularidades que observen —como Contraloría Social— durante el desempeño de sus funciones o de aquellas que detecte la comunidad en relación a las obras y acciones sujetas de supervisión.

Con esto, como lo dijo Tello Cristerna durante la transmisión de la licitación, se fomenta y promueve la cultura de la transparencia y previene posibles irregularidades.

Pero…

Lograr que los ciudadanos se integren a estas contralorías se convierte en un reto para el gobierno o, en su caso, para la secretaria de la Función Pública.

¿Por qué?

Es simple: el ciudadano de a pie busca el estímulo económico para realizar una actividad, sobre todo cuando se antepone la frase “gobierno del estado”; la reacción inmediata es “¿y cuánto me van a pagar?”.

¿Lo dudan?

Por eso, la integración de una Contraloría Social por cada obra que se realice debería de tener capacitación previa a los ciudadanos que debería empezar ya, si se quiere que cada obra sea vigilada por los beneficiarios.

El gobierno del estado corre el riesgo de no encontrar ciudadanos dispuestos a integrarse a las mismas ante la falta de información.

O se integrarán a modo.

La bendición

Mientras los diputados se aplicaron las tijeras presupuestales, el Poder Judicial solicitó un aumento en su presupuesto de 140 millones de pesos. Sin pobrezas, pues.

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