Sin miedo a solicitar nuevo empréstito: Miranda Castro

Ante la reducción paulatina de la deuda pública en Zacatecas, el secretario de Finanzas, Jorge Miranda Castro, precisó que no hay que tener miedo al endeudamiento mientras tenga impacto social.

Dijo que ante las medidas de contención del gasto y austeridad que se implementaron desde el inicio de la presente administración, es posible considerar la solicitud de un nuevo crédito para realizar obras de impacto social; el mismo podría llegar a los 1 mil 200 millones de pesos.

Es un «endeudamiento sin miedo que tendría impacto social», dijo; sin embargo, la idea de la actual administración es manejar escrupulosamente la hacienda pública».

Sobre las protestas que diputados de los partidos de oposición representados en la Legislatura Local lanzaron en contra de la aprobación del presupuesto 2018, Miranda Castro afirmó que «más allá de la estridencia y las declaraciones esta el trabajo fundamentado y serio».

«Habrá compañeros que en la lógica del 2018 -por una posición nacional- irán en contra del paquete económico», explicó.

Respecto a la reasignación presupuestal que hicieron las y los diputados locales, el Secretario de Finanzas informó que al Poder Legislativo asignaron 441 millones 629 mil 67 pesos; al Judicial 490 millones 27 mil 438; a los Organismos Autónomos, 2 mil 242 millones 617 mil, y al Ejecutivo le asignaron 22 mil 113 millones 109 mil 47 pesos

Para finalizar, el funcionario estatal informó sobre el proceso evolutivo que ha mantenido la Deuda Pública del Estado de 2010 a 2016, de tal manera que al presente año, ésta es por del orden de 7 mil 455 millones de pesos.

En la propuesta de la Ley de Hacienda del estado -hizo hincapié- no se considera la creación de nuevas figuras impositivas ni el incremento de las tasas de impuestos, tampoco la adquisición de deuda alguna para Zacatecas.

Miranda Castro recordó que la integración del Presupuesto 2018 inició desde agosto pasado, en estricto apego a la Constitución Política de Zacatecas e incorporando las mejores prácticas en materia de transparencia y claridad en la presentación de presupuestos estatales, propuestas por observatorios ciudadanos, instituciones especializadas y calificadoras crediticias.