Luego de advertir que los funcionarios públicos sólo pueden hacer lo que la ley les permite, Francisco Murillo Ruiseco, Fiscal General de Justicia del Estado de Zacatecas (FGJEZ), dijo que existe un caso emblemático y la sociedad ya emitió su juicio «y es condenatorio».
En clara alusión a las carpetas de investigación que existen en la Fiscalía en contra de Miguel Alejandro Alonso Reyes, Murillo Ruiseco dijo que como funcionario público no tiene opciones, sólo investigar, establecer un hecho delictivo y llevarlo ante el juez para que se emita sentencia.
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Agregó que la sociedad tiene derecho de hacer lo que no está expresamente prohibido, pero “un servidor público sólo puede hacer lo que le está expresamente permitido por la ley”.
Añadió que en todos los casos que tiene la fiscalía a su cargo, investigarán y actuarán sin más motivación que cumplir con el estado de Derecho.
Al presentar su primer informe de trabajo, Murillo Ruiseco afirmó que la FGJEZ está cumpliendo con las acciones motivadas por la declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres en el Estado.
En este sentido, dijo que en el periodo comprendido dentro del informe se llevaron a cabo 11 cursos de formación en materia de género, en los que se capacitó a un total de 325 operadores, entre los que se encuentran, Agentes del Ministerio Público, Policías de Investigación y Peritos, además de personal de diversas áreas.
En materia de combe a delitos de alto impacto, en el caso del secuestro, se logró la obtención de 44 sentencias condenatorias, de las cuales 13 de ellas se lograron mediante Procedimiento Abreviado y 31 sentencias en Juicio Oral; estas sentencias han implicado que 75 personas se encuentren privadas de la libertad por la comisión de este delito, con penas que van desde los 33 años de prisión, hasta por encima de los 80.
En el delito de los homicidios dolosos, se logró la obtención de 41 sentencias condenatorias, ocho de ellas mediante Procedimiento Abreviado y 33 en Juicio Oral; estas sentencias han implicado que 52 personas estén privadas de la libertad, purgando penas que van de 13 hasta los 100 años de prisión; resalta en las condenas, el pago de más de 20 millones de pesos por concepto de reparación del daño para las víctimas.
