Para el proceso electoral 2020 – 2021, el Instituto Nacional Electoral (INE) conformará una lista de personas que hayan cometido violencia política de género.
Esto, luego de la resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), que determinó sostener la constitucionalidad de ordenar la integración de dicha lista.
Esta lista estará integrada por las personas infractoras en materia de violencia contra las mujeres.
La lista tiene efectos que buscan ser disuasivos de posibles agentes generadores de violencia.
De acuerdo a la resolución, quienes se encuentren en dicha lista no podrán participar en la próxima elección.
Felipe Fuentes Barrera, Magistrado Presidente de la Sala Superior del TEPJF, afirmó en un mensaje a través de Twitter que se tienen que tomar todas las medidas para evitar que las mujeres sufran violencia.
En el #TEPJF tenemos la responsabilidad de incorporar la perspectiva de género en nuestras acciones, políticas y sentencias.
Tomamos las medidas necesarias para evitar que las mujeres sufran violencia y se respete el ejercicio de sus derechos.#TEPJFÁrbitroImparcial pic.twitter.com/1HqMgpXA7f
— Felipe Fuentes Barrera (@FFuentesBarrera) August 27, 2020
El pasado 14 de septiembre, el INE informó que inició la integración del del Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política Contra las Mujeres en Razón de Género.
A partir de ahora cualquier persona sancionada por resolución o sentencia firme de cualquiera de estas autoridades, aparecerá de forma pública en este registro por un periodo de entre tres y seis años dependiendo la gravedad de la falta que haya cometido.
El INE también establecerá los mecanismos de cooperación con los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE), así como con las autoridades diversas competentes de conocer los casos de violencia política contra las mujeres en razón de género, con la finalidad de que nutran este registro.
En Zacatecas, Ulises Mejía Haro, alcalde de la capital del estado, podría ser integrado a la lista ya que enfrenta una sentencia firme, definitiva e inatacable por violencia política de género.