Los diputados Martín Álvarez Casio y Susana Andrea Barragán Espinosa presentaron una iniciativa para expedir la Ley para la Prevención de Acusaciones Infundadas contra Maestras y Maestros.
La propuesta fue planteada ante la LXV Legislatura del Estado de Zacatecas con el propósito de brindar mayor certeza jurídica al personal educativo.
Durante la exposición de motivos, los legisladores destacaron la importancia social de las maestras y maestros para el desarrollo humano y comunitario.
Señalaron que la educación representa una actividad fundamental para el progreso de las personas y para fortalecer el bienestar colectivo en Zacatecas.
Los promoventes explicaron que en diversos estados del país se ha identificado un incremento de denuncias contra personal educativo sin sustento comprobado.
Indicaron que muchas de estas acusaciones no concluyen con sanciones administrativas ni penales, al no acreditarse responsabilidades de los docentes involucrados.
Afectaciones laborales
La iniciativa advierte que estas denuncias pueden generar afectaciones laborales, emocionales y profesionales para quienes desempeñan funciones dentro del sistema educativo.
Entre las consecuencias mencionadas destacan suspensiones, cambios de adscripción, remociones de cargos y afectaciones a la reputación de trabajadores educativos.
Los legisladores reconocieron que existen casos reales de abuso, violencia o maltrato que deben investigarse y sancionarse conforme a derecho.
Precisaron que la propuesta no busca limitar el derecho de denuncia ni obstaculizar la protección de niñas, niños y adolescentes.
Expusieron que actualmente existe una tensión entre la protección de las infancias y los derechos laborales del personal docente.
Por ello, consideraron necesario construir mecanismos legales que permitan garantizar la seguridad jurídica y la presunción de inocencia de los trabajadores.
La iniciativa establece que la nueva ley será de orden público, interés social y observancia obligatoria para el sector educativo estatal.
Su objetivo central consiste en crear mecanismos de protección institucional para docentes frente a denuncias desechadas o declaradas improcedentes.
La propuesta contempla garantizar integridad, estabilidad laboral, seguridad jurídica, debido proceso y presunción de inocencia para maestras y maestros afectados.
Además, prevé apoyo institucional mediante asesoría jurídica, acompañamiento psicológico y medidas reparatorias para quienes enfrenten acusaciones infundadas.
Los promoventes sostuvieron que la medida busca fortalecer la confianza dentro de las comunidades escolares y prevenir conflictos innecesarios.
Finalmente, señalaron que el propósito es proteger tanto los derechos de la niñez como las garantías fundamentales del magisterio zacatecano.
