Heraclio Castillo Velázquez
A partir del pasado jueves 10 de agosto Zacatecas ya cuenta con un Comité de Atención a Víctimas de la Comunidad LGBT+ que, en teoría, será el encargado de la elaboración de políticas públicas para prevenir y atender la discriminación y violencia hacia esta comunidad, con la participación de instituciones gubernamentales y la sociedad civil organizada.
Sobre el acto de instalación del consejo me quedo con las palabras de Víctor Gómez León, quien acudió como representante del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED), al afirmar que el nuevo organismo contribuye a visibilizar y colocar en la agenda pública a la comunidad LGBT+ y ayudará a romper con la relación binaria de género para erradicar la discriminación.
Una de las primeras acciones de este comité será la elaboración de un diagnóstico sobre la comunidad LGBT+ que derive en la generación de un protocolo de atención a víctimas de este sector.
A reserva de los resultados que surjan, durante la instalación del comité se refirió que a partir de un diagnóstico preliminar esta comunidad en Zacatecas presenta rezagos importantes en materia de salud y procuración de justicia, especialmente para la población trans* y lésbica.
Sin embargo, la obtención de datos será más complicada de lo que parece, como lo demuestra la Investigación sobre la Atención de Personas LGBT en México, elaborada por la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas dependiente de la Secretaría de Gobernación (SEGOB).
En el documento, coordinado por la especialista Gloria Careaga y publicado en diciembre del 2015, se remiten al estudio denominado “Registro de homicidios contra personas LGBT en México 1995-2013”, realizado por la Comisión Ciudadana Contra Crímenes de Odio porHomofobia (CCCCOH), el cual reporta que en ese periodo se han registrado 798 homicidios en total en el país, aunque en seis estados (incluido Zacatecas) no se tenían de casos debido a la falta de registro o acceso a la información.
Destaco este punto porque a partir de la instalación del comité en Zacatecas será necesario generar protocolos para que las instituciones tomen en cuenta la orientación e identidad sexual con la finalidad de documentar los casos de discriminación y violencia hacia la comunidad LGBT+ e impulsar acciones que garanticen el ejercicio de sus derechos.
De acuerdo con el Informe de la SEGOB, hay una discriminación sistemática (incluso agresiones de diversos tipos) por parte de los servidores públicos hacia la comunidad LGBT+ especialmente en la procuración de justicia y el acceso a los servicios de salud, sin descartar otras áreas como la educación, el trabajo, la participación política, entre otros.
En la parte de la procuración de justicia, el Informe detalla la falta de reconocimiento de los crímenes de odio motivados por la orientación o identidad de género (aún hay entidades donde se consideran “crímenes pasionales”), a pesar de que se puedan tipificar como ocurrió en el caso de los feminicidios.
También se registran otro tipo de actos discriminatorios, como la detención arbitraria, la asignación de personas trans* a celdas que no corresponden con su identidad (situación similar a la que se vive en los centros para migrantes) o incluso la renuencia de la víctima de algún delito para denunciar ante el mal trato (o la nula atención) que brindan las autoridades.
En el caso de la salud, la falta de sensibilización y el desconocimiento del personal médico ahuyenta a la comunidad LGBT+ para acudir a solicitar este servicio, lo que deriva en enfermedades no atendidas o genera una situación de vulnerabilidad para su detección, en especial entre la comunidad trans* y lésbica.
La lista y clasificación de casos es bastante larga (invito a leer el documento disponible en el portal de la SEGOB), aunque nos da una idea de lo que enfrenta la comunidad LGBT+ en la vida cotidiana, de manera particular en los espacios públicos, donde existen presiones para ser más femenina o masculino, el ocultamiento de la identidad o la orientación o la negación de algún servicio.
Enhorabuena por quienes ahora integran el Comité de Atención a Víctimas de la Comunidad LGBT+ en Zacatecas y ojalá que su trabajo también contribuya a reducir el índice de suicidios en este grupo poblacional (alcanza a uno de cada tres, aunque es mayor en la comunidad queer y trans*).
Vaya un voto de confianza a las autoridades y OSC que serán responsables de elaborar este diagnóstico y generar políticas públicas para atender a este sector. Que no todo quede en buenas intenciones, especialmente cuando existe una bolsa presupuestal para impulsar las acciones.
