Una serie de presuntas irregularidades financieras y administrativas al interior del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Fresnillo (SIAPASF) fue denunciada por fuentes cercanas al organismo.
Los señalamientos apuntan a posibles anomalías relacionadas con la adquisición de vehículos oficiales, el otorgamiento de factibilidades de agua y el manejo de recursos federales.
De acuerdo con los denunciantes, trabajadores del propio organismo habrían tenido acceso a registros, bitácoras y documentos contables que evidenciarían movimientos irregulares en diversas áreas administrativas.
Las fuentes aseguran que se detectaron inconsistencias en los inventarios patrimoniales y en las asignaciones de obras ejecutadas recientemente por el sistema operador.
Las sospechas, según los informantes, recaen principalmente en la dirección general del SIAPASF y en Manuel Lomelí, quien estuvo a cargo del proyecto de instalación de paneles solares.
Los denunciantes afirman que, tras concluir dicha obra, Lomelí adquirió una camioneta de reciente modelo idéntica a la utilizada por el director general del organismo.
Además, sostienen que en diciembre pasado el SIAPASF autorizó la compra de dos camionetas, aunque únicamente una fue incorporada al inventario oficial.
La segunda unidad, según las versiones recabadas, habría sido registrada directamente a nombre de Manuel Lomelí, situación que ha generado inconformidad entre trabajadores.
Más denuncias
Las denuncias también alcanzan la supuesta entrega discrecional de factibilidades de agua potable para un desarrollo habitacional ubicado detrás del Hospital General de Fresnillo.
Las fuentes sostienen que particulares de apellido Falcón habrían financiado la instalación de los paneles solares a cambio de recibir dicha autorización.
Finalmente, los denunciantes alertaron sobre un presunto intento de gestionar ante la Comisión Nacional del Agua, mediante el Programa de Devolución de Derechos, la recuperación de recursos ya cubiertos.
Bajo esta versión, el objetivo sería cobrar por segunda ocasión el costo de la obra y disponer del recurso federal para beneficio particular, situación que, de confirmarse, podría derivar en responsabilidades administrativas y penales.
