La subsecretaria de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Bertha Gómez Castro, afirmó que el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) 2026 es un instrumento equilibrado, responsable y técnicamente sólido, que mantiene la estabilidad fiscal mientras impulsa el gasto social y la inversión pública.
El gasto neto total propuesto asciende a 10 billones 193 mil millones de pesos, un incremento del 9.6% respecto al presupuesto aprobado para 2025.
Al comparecer ante la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, dijo que, de esta cifra, 7 billones 94 mil millones corresponden al gasto programable (70% del total) y 3 billones 99 mil millones al no programable.
Prioridad social y programas de bienestar
El Gobierno Federal propone destinar 987 mil millones de pesos a los programas del Bienestar y 536 mil millones a proyectos de inversión física. Entre las partidas más destacadas se encuentran:
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Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores: 526 mil millones de pesos.
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Programa de Apoyo a Mujeres de 60 a 64 años: 56 mil millones.
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Programa Salud Casa por Casa: 4 mil millones.
Gómez Castro subrayó que el presupuesto refuerza la política social con un enfoque en equidad y atención directa a los grupos más vulnerables.
Salud: hacia un sistema universal
El sector salud contará con 2 billones 457 mil millones de pesos, 6.4% más que en 2025. Los recursos se orientarán a mejorar infraestructura hospitalaria, equipamiento médico, contratación de personal y abasto de medicamentos.
La subsecretaria anunció que el objetivo es avanzar hacia la universalidad del sistema de salud, integrando las actuales instituciones públicas.
“Ya no más IMSS, ISSSTE o IMSS-Bienestar. Vamos a crear un sistema universal que atienda todas las problemáticas de salud”, señaló.
También informó que los ingresos por impuestos a bebidas azucaradas serán identificados y destinados exclusivamente al sector salud.
Educación, vivienda y campo
Para educación, el PPEF plantea 1 billón 190 mil millones de pesos, un aumento del 7%. Se reforzarán programas prioritarios como las Becas Benito Juárez, que crecerán casi 40% para alcanzar 184 mil 595 millones de pesos.
El Programa de Vivienda Social dispondrá de 33 mil millones, mientras que el sector agropecuario y pesquero recibirá 91 mil millones para fortalecer la soberanía alimentaria y apoyar a pequeños productores.
Seguridad, cultura e infraestructura
En seguridad pública, se propone un presupuesto de 306 mil 742 millones de pesos para fortalecer la paz y el orden social. En cultura, se asignarán 21 mil millones para dar continuidad a los programas de desarrollo cultural y apoyo a la cinematografía nacional.
La inversión pública concentrará recursos en proyectos estratégicos:
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Ferrocarriles: 168 mil millones de pesos.
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Carreteras y caminos: 27 mil millones.
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Obras hidráulicas: 20 mil millones.
Energía y sostenibilidad fiscal
El sector energético tendrá un papel clave. Pemex recibirá 517 mil millones de pesos en apoyos transitorios para administrar pasivos y sostener su operación, mientras que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) concentrará 554 mil millones para ampliar su capacidad de generación.
En materia fiscal, Gómez Castro aseguró que el manejo de la deuda pública es “sumamente responsable” y se mantiene dentro de márgenes aceptables por las agencias calificadoras internacionales.
Gasto federalizado y órganos autónomos
El gasto federalizado para entidades federativas y municipios aumentará 8.6%, con 1 billón 456 mil millones de pesos en participaciones y 1 billón 42 mil millones en aportaciones.
Los Poderes Legislativo y Judicial, junto con los organismos autónomos, contarán con un presupuesto conjunto de 149 mil 220 millones de pesos, 7.6% superior al de 2025.
Panorama general
El PPEF 2026 refuerza la visión de un gasto público enfocado en el bienestar social, la salud, la infraestructura y la estabilidad económica, combinando política fiscal prudente con impulso al desarrollo.
La propuesta, concluyó Gómez Castro, busca mantener la responsabilidad hacendaria sin frenar la inversión pública ni los programas sociales prioritarios.
