Durante la sesión legislativa de este jueves, la diputada Susana Andrea Barragán Espinosa presentó una iniciativa para fortalecer el Código Penal del Estado.
Con el fin de sancionar con mayor severidad las calumnias dirigidas contra docentes, directivos y personal educativo.
Esto, cuando estas imputaciones falsas provoquen su separación del cargo.
La legisladora señaló que en los últimos años se han registrado en Zacatecas casos en los que maestras y maestros han sido acusados de conductas que posteriormente se comprueban como falsas o infundadas.
Esto genera daños irreversibles a su trayectoria laboral, estabilidad emocional, honor y reputación profesional.
Cuando un docente es separado de sus funciones por una denuncia falsa, el daño no desaparece con la conclusión de la investigación, la estigmatización, la incertidumbre y el desgaste emocional permanecen, y hoy la ley no contempla una respuesta proporcional para estos casos.
La diputada explicó que la reforma, que además cuenta con el respaldo de la sección 34 del SNTE, no pretende obstaculizar ni desincentivar las denuncias legítimas que niñas, niños, adolescentes o cualquier persona presenten.
Por el contrario, reafirma que el interés superior de la niñez es un principio constitucional que debe mantenerse como prioridad.
Sin embargo, señaló que este principio es compatible con la protección del honor y los derechos laborales del personal educativo.
Agravante específica
Por ello, su iniciativa propone incorporar una agravante específica que aumente la pena cuando la calumnia se realice con dolo, afecte a personal educativo en el ejercicio de sus funciones y provoque su separación del puesto.
Asimismo, prevé mecanismos para una reparación integral del daño, considerando la afectación emocional, psicológica y profesional que enfrentan quienes dedican su vida al servicio docente.
Barragán Espinosa afirmó que esta actualización normativa es necesaria y urgente para proteger a quienes trabajan desde las aulas en la formación de las nuevas generaciones, y que actualmente están expuestos a riesgos reputacionales que la legislación penal no contempla adecuadamente.
“Zacatecas requiere un marco jurídico equilibrado que garantice, al mismo tiempo, la protección de la niñez y el respeto a los derechos fundamentales del personal educativo, con esta iniciativa damos un paso en esa dirección”, concluyó.
