En la sesión ordinaria de esta mañana, la diputada local de Movimiento Ciudadano, Ana María Romo Fonseca, destacó la reforma en debate que propone entregar la Guardia Nacional, una corporación de seguridad pública civil, al mando de la Secretaría de la Defensa Nacional.
Este acto es una clara manifestación de la renuncia del Gobierno de México a asumir su responsabilidad constitucional en materia de seguridad pública.
Ana María Romo Fonseca subrayó la contradicción inherente a esta reforma, que va en contra de la estrategia de seguridad pública presentada por el Presidente Andrés Manuel López Obrador al inicio de su mandato.
En ese momento, se enfatizó la necesidad de crear la Guardia Nacional para devolver a los soldados y marinos a sus tareas constitucionales, que no incluyen funciones de seguridad pública. Hoy, este compromiso se ha convertido en letra muerta.
La diputada naranja lamentó el aumento de los delitos de alto impacto, como asesinatos, feminicidios y desapariciones, que han mantenido a la población en un estado de alerta y miedo. La promesa de disminuir estos delitos a través de la Guardia Nacional no se ha cumplido, y la actual administración ha fracasado en su deber de crear una fuerza civil efectiva para devolver a las Fuerzas Armadas a los cuarteles.
Además, Romo Fonseca criticó la propuesta de otorgar facultades de investigación a la Guardia Nacional, argumentando que no hay garantías de imparcialidad en los órganos de procuración de justicia castrenses.
Con más de mil 772 expedientes de queja acumulados ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la situación es alarmante.
La modificación del artículo 129 de la Constitución, que prohíbe a las autoridades militares ejercer funciones civiles en tiempos de paz, también ha sido motivo de preocupación.
La propuesta de reforma va en contra del derecho internacional, según organizaciones como Amnistía Internacional.
Ante este panorama, Movimiento Ciudadano insta a la sociedad y a los especialistas a trabajar juntos en una reestructuración profunda de la estrategia nacional de seguridad pública, para detener el creciente incremento de la criminalidad que ha caracterizado a los últimos años.
