Fue tan malo el pasado que esto parece bueno. Ben Ammin.
¿El aumento en el precio del transporte público fue una decisión unilateral del gobierno del estado?
Parece que no.
De hecho, fue el Consejo Estatal de Tránsito y Transporte quien, tras varias reuniones, determinó el aumento en el precio del transporte público el pasado viernes por la mañana.
Desde las 9.00 horas los representantes de los concesionarios de Zacatecas, Guadalupe y Fresnillo se dieron cita en Plaza de Armas para acudir a la cita de instalación del Consejo; el asunto provocó que Judit Guerrero y Enrique Flores llegarán tarde a la presentación del Plan Estratégico Anticorrupción.
De acuerdo al artículo 99 de la Ley de Transporte, Tránsito y Vialidad, dicho consejo está integrado por los secretarios General de Gobierno (quien lo preside), de Economía, Finanzas e Infraestructura así como el titular de Tránsito y los alcaldes.
En este consejo también se encuentra un representante de los concesionarios de las líneas de autobuses, de taxis y de los transportes de carga; cada uno es designado por el organismo más representativo del sector.
A estos se añaden un representante de la Federación de Cámaras de Comercio, uno de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ) y uno del Colegio de Ingenieros; estos dos últimos, especialistas en temas de vialidad.
El artículo 103 de la Ley es claro al advertir que el Consejo puede proponer al gobernador “con base en los estudios técnicos y financieros, las tarifas que habrán de regir en las diversas modalidades del servicio público de transporte”.
Hasta aquí, parece que la responsabilidad del aumento de un peso tendría que recaer en instituciones tan disímbolas como la UAZ, el sector empresarial o los concesionarios, quienes tienen voz y voto en el Consejo.
Por supuesto, ellos no pagan el costo del peso.
Pero los concesionarios tampoco: los cien centavos que recibieron de aumento a la tarifa servirán para equilibrar el costo de la gasolina, aceites y la operación de las unidades pero no generaron un compromiso para la modernización del transporte.
Y limitar la modernización a comprar nuevas unidades no es el tema; la capacitación de operadores, la reasignación de rutas a partir de un estudio de movilidad y la diversificación de vehículos a partir de la infraestructura existente son temas de las cuales no hubo un compromiso.
Dinero hay para hacerlo. La Federación tiene recursos para realizar esos estudios.
Sólo no se los dejen a la UAZ. En 2015 “desaparecieron” 219 millones de pesos provenientes de Sagarpa; y es claro que sí lo hicieron una vez, pueden hacerlo nuevamente.
La bendición
En la semana en que la religiosidad zacatecana se desborda, cantará un coro Bautista en el corazón del catolicismo zacatecano. Es seguro que alguien no necesita convencernos (y convencerse) que es católico.
