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Lo anterior, al atender la solicitud de la CDHEZ para llamar a comparecer a la Secretaria General de Gobierno, ante la inicial negativa de aceptación de la Recomendación 03/2017. Comparecencia que se enmarca como un hecho histórico, al ser la primera vez que se cita a comparecer a un funcionario por la no aceptación de una recomendación emitida por el organismo defensor de los derechos humanos.
Ante ello, este Organismo reconoce a las señoras y señores Diputados porque con este acto fortalece la autonomía e independencia del CDHEZ, contribuye al reforzamiento de una cultura de respeto a los derechos humanos y da cumplimiento a lo establecido en los artículos 102 de la Constitución General de la República, 23 de la Constitución Política Estatal y 53 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado.
La Comisión de Derechos Humanos del Estado ratifica todos y cada uno de los puntos establecidos en la Recomendación 03/2017, al haber realizado una investigación con pulcritud jurídica, es decir, la investigación del expediente CDHEZ/746/2016 fue exhaustiva, objetiva, imparcial, profesional, apegada a la legalidad, tendiendo como objetivo la protección y defensa de los derechos humanos, el respeto a la legalidad a la cual deben sujetarse todos los servidores públicos y que en Zacatecas prevalezca el Estado de Derecho.
Por consiguiente, para este organismo protector de los derechos humanos, es importante que la Secretaria General de Gobierno reconsiderara su postura inicial y que durante la Comparecencia ante el Pleno Legislativo, aceptara en gran parte la Recomendación 03/2017, a efecto de llevar a cabo la reparación integral a la señora Martha Leticia Mendoza, atención y apoyo a los habitantes de Salaverna, la realización de la capacitación en materia de legalidad y seguridad jurídica para el personal de protección civil, así como el inicio de los procedimientos administrativos a que hubiesen lugar, por parte de la Secretaría de la Función Pública.
Lo anterior, en virtud a que la propia Secretaria General de Gobierno reconsideró su postura inicial y después de un análisis exhaustivo del caso de la señora Martha Leticia Mendoza, y haciendo una nueva reflexión a la luz del principio pro persona, instruyó a la Comisión Ejecutiva de Atención Integral a Víctimas, a que se le inscriba a la quejosa en el Registro Estatal de Víctimas conforme a la Ley General de Víctimas y a la Ley Local de Víctimas en el Estado de Zacatecas, a efecto de que tenga acceso oportuno a las medidas de ayuda, asistencia y reparación, lo que significa que habrá de indemnizársele por los daños causados.
Igualmente, la Secretaria General de Gobierno aceptó la capacitación al personal de la Dirección de Protección Civil del Estado, pues coincidió con la Comisión de Derechos Humanos que los procesos de capacitación deben ser continuos para actualizar y mejorar los protocolos de actuación del personal de esta dependencia.
En ese tenor, también aceptó que se realizarán las investigaciones administrativas a que hubiese lugar por parte de la Secretaría de la Función Pública, órgano de control interno del Poder Ejecutivo del Estado. Así como brindar la atención y apoyo a los habitantes de Salaverna.
Cabe destacar que, la Comisión de Derechos Humanos habrá de dar seguimiento para que se dé el cumplimiento puntual de cada una de las recomendaciones establecidas en el expediente ya señalado y continuará vigilando que las autoridades en el ámbito de sus competencias, cumpla con la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, ajustando sus actuaciones a lo que estrictamente mandatado por la Ley.
Finalmente, el organismo defensor de los derechos humanos en el estado, hace un llamado a que se atienda la problemática aún prevaleciente en Salaverna, Mazapil, Zac., resolviendo el problema de fondo y garantizando en todo momento el respeto irrestricto a la dignidad humana de sus habitantes. Asimismo, se de atención especial por parte del Gobierno del Estado a los habitantes que aún permanecen en la comunidad de Salaverna, y aún a aquellos que han aceptado su traslado al Nuevo Salaverna, para que puedan ejercer plenamente sus derechos humanos y libertades fundamentales, y con ello fortalezcan su vida comunitaria y su desarrollo integral individual y colectivo.
