Heraclio Castillo
Hay actos de exclusión hacia la comunidad Lésbico Gay Bisexual Transgénero Transexual Travesti Intersexual Queer y Asexual (LGBTTTIQA) que no necesariamente se clasifican como discriminación, aunque mediáticamente así se han manejado. El problema de los vacíos legales en buena medida ha fomentado la negación de ciertos derechos a esta comunidad, vacíos que poco a poco han generado reformas a las leyes y reglamentos de algunos estados e incluso en nuestra Carta Magna.
Quizás uno de los más importantes fue la reforma del 10 de junio del 2011 para prohibir la discriminación “por preferencias sexuales”, como se establece en el artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, aunque el antecedente surgió a partir de la publicación de la Ley Federal para Prevenir y Erradicar la Discriminación en junio del 2003 por iniciativa del CONAPRED en conjunto con la sociedad civil organizada.
A nivel nacional grandes han sido los avances, aunque la lucha por garantizar todos los derechos para todas las personas continúa principalmente en los estados a fin de modificar sus respectivas legislaciones. Sin embargo, en el caso de Zacatecas, es una tarea pendiente.
Como se recordará, en junio del 2011 el exdiputado local Jorge Álvarez Máynez presentó una iniciativa para la creación de sociedades de convivencia mediante la cual parejas del mismo sexo podrían tener un respaldo jurídico sobre su relación y acceder a otros derechos hasta ahora reservados para la población heterosexual.
No obstante, dicha iniciativa permanece en la congeladora y no hay visos de que la actual 62 Legislatura retome el tema y mucho menos se podría pensar en el llamado matrimonio igualitario (que es diferente a las sociedades de convivencia), ya aprobado en diferentes estados del país.
En Zacatecas, para acceder a este derecho, hay que seguir la ruta del amparo ante la falta de una reforma al Código Familiar, que en su artículo 100 establece que “el matrimonio es la unión jurídica de un hombre y una mujer donde ambos, mediante una comunidad de vida, y procurándose respeto, igualdad y ayuda mutua, constituyan una familia, con la posibilidad de procrear hijos de manera libre, responsable e informada”.
Pese a este obstáculo, en el 2016 fuimos testigos de la primera unión matrimonial entre dos personas del mismo sexo gracias a un amparo y desde entonces ha habido al menos 10 nuevos amparos con esta finalidad, a reserva del dictamen.
Sin embargo, fue curioso cómo el oficial del Registro Civil de la capital, Rafael Pedroza Hornedo, abiertamente se negó a celebrar el primer matrimonio igualitario, a diferencia del oficial del Registro Civil en Guadalupe, Juan Medrano Macías, quien recientemente informó que hay dos solicitudes vía amparo y que no habría inconveniente en celebrar dichas uniones.
La pregunta es: ¿por qué recurrir a un amparo para celebrar un matrimonio?, ¿el Estado se opone a brindar este derecho a dos personas que, de forma consciente, buscan unir sus vidas? No necesariamente. Los oficiales de Registro Civil en comento muestran dos posturas diferentes. La bancada del PRI en la 62 Legislatura, ya lo han dicho varios diputados del tricolor, sometería a consulta popular la posibilidad de reformar el Código Familiar en este sentido. Finalmente, la sociedad tendría la última palabra. ¿En realidad los zacatecanos aceptarían esta reforma?, ¿tenemos una sociedad incluyente? Para pensar…
Por cierto, vaya un reconocimiento al movimiento Sí Acepto que promueve la aprobación de matrimonios igualitarios en Zacatecas. No es la primera asociación que impulsa el tema, pero sí la más insistente.
