Establecer un andamiaje jurídico que promueva la fiscalización en redes sociales, fue la propuesta hecha durante el Parlamento Abierto para la Reforma Electoral.
Jorge Montaño Ventura, fiscal especializado en Delitos Electorales de Tabasco, dijo que así se evitaría el abuso del anonimato.
Mismo que sirve para denostar la imagen de candidatas y candidatos.
Así, en caso de que se acrediten hechos como los antes mencionados se puedan imponer penas y multas.
Durante el foro 19: «Sistema de fiscalización de las campañas electorales en un sistema de elección basado en listas»; enfatizó que el tema de fiscalización no sólo es del dinero.
Por ello, pidió analizar las aportaciones en especie y destacó la importancia de las fiscalías electorales.
Éstas, dijo, van de la mano con los órganos administrativos y jurisdiccionales.
Montañó Ventura subrayó que se debe poner énfasis en el artículo 11, fracción VI, de la Ley General en Materia de Delitos Electorales.
En el mismo hay castigo pecuniario y punitivo.
Con ello, se amplía el tema de las sanciones a quienes incumplen con el imperativo de informar sobre el destino y origen de los recursos que son otorgados para actividades electorales.
Además, establece que si el origen de los recursos es de dudosa procedencia se contempla hasta 15 años de prisión.
Opinan diputados
En ese sentido, Rosangela Amairany Peña Escalante, diputada de Morena, comentó que el tema de la fiscalización de las campañas electorales es de suma relevancia.
Dijo que es fundamental establecer reglas más claras para que las conductas sean observadas sin favoritismo.
“No se puede seguir aplicando un criterio diferente para cada persona, los consejeros electorales no deben resolver con el estómago”.
Del PRI, la diputada Blanca María del Socorro Alcalá Ruiz resaltó que uno de los mayores retos de este análisis es ser objetivos, respetuosos del derecho y de la legalidad.
Ello permitirá fortalecer la democracia y fomentar la representatividad.
El diputado Juan Luis Carrillo Soberanis (PVEM) expresó su inquietud por conocer cómo se puede lograr que la toma de decisiones en materia de fiscalización por parte de la autoridad electoral se ajuste a los criterios del debido proceso.
Además, de cómo acotar la amplia discrecionalidad que hoy caracteriza las resoluciones de las autoridades judiciales en esta misma materia.