Al comparecer ante el pleno de la LXII Legislatura, la Secretaria General de Gobierno, Fabiola Gilda Torres Rodríguez, afirmó que lo primordial para el Gobierno del Estado es salvaguardar la vida de los habitantes de Salaverna; además negó que exista algún interés político o personal en el caso.
Al dar respuesta a los legisladores dijo que acudieron a la comunidad para proteger la vida e integridad de los pobladores, no para dañarlos. «No nos vamos a esperar a que haya una tragedia, un hundimiento mayor o hasta pérdida de vidas para actuar, nuestra obligación es salvaguardar la integridad física de las personas y así lo estamos haciendo», agregó.
Asimismo, reiteró que no está en contra de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas (CDHEZ), sino que existen puntos en los que no hay coincidencias. «No se trata de si gana la Comisión o la Secretaría, sino de salvaguardar la integridad física de los pobladores», refirió.
Detalló que se trata de estar apegados a la legalidad y al debido proceso; por ello lamentó la falta de rigor jurídico de la CDHEZ, al emitir una recomendación basada en una queja que no estaba firmada ni debidamente integrada
«Sin embargo, no nos queremos escudar en una falta en la integración de la investigción, pero tampoco podemos dejar de mencionar que la queja no estaba firmada al momento de emitir la recomendación», manifestó.
La responsable de la política interna estatal agregó que el Gobierno del Estado garantizará que se cumpla la ley; pero permanecerá siempre receptivo a los organismos y a la sociedad en su conjunto, porque es un gobierno que escucha, trabaja y cumple.
Torres Rodríguez refrendó el compromiso irrestricto de la administración estatal con el respeto y protección de los Derechos Humanos de las y los zacatecanos. «Garantizaremos la seguridad jurídica de los ciudadanos y no dudaremos en aplicar la ley a quien la violente o no cumpla», expresó.
Estableció el compromiso del Gobierno del Estado en el sentido de privilegiar el diálogo y la concordia con la ciudadanía y los organismos que defienden auténticamente los derechos de los zacatecanos.
La Secretaria General de Gobierno enumeró los motivos de rechazo y coincidencias respecto a la recomendación emitida por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas el pasado 14 de junio a la dependencia que ella encabeza.
Informó a las legisladoras y legisladores, que tras un análisis exhaustivo sobre al caso particular de la ciudadana de nombre Martha Leticia, se determinó inscribirla en el Registro Estatal de Víctimas, a efecto de que tenga acceso oportuno a las medidas de ayuda y asistencia, no así al resto de las personas.
Reiteró que en ningún momento existió un desplazamiento forzado en contra de persona o grupo alguno, como se asegura en el Informe de la CDHEZ en la segunda de sus recomendaciones; aclaró que únicamente se trató de una actuación administrativa realizada por personal de la Dirección Estatal de Protección Civil y Bomberos, quienes de manera formal y en apego a la legalidad y el respeto a los derechos humanos solicitaron a los habitantes evacuar de manera voluntaria las viviendas ubicadas en el polígono de riesgos y que, al día de hoy, siguen habitadas.
Dijo estar de acuerdo con la CDHEZ en el sentido de reforzar los procesos de capacitación y actualización para el personal de la Dirección Estatal de Protección Civil y Bomberos.
En torno a los estudios geológicos que la Comisión solicitó realizar, la funcionaria estatal informó que ya existen cuatro estudios medibles, cuantificables y comprobables acerca del riesgo que presenta el asentamiento.
Además, existe una inspección que advierte sobre los riesgos que no se valoraron, pese a que fueron ofrecidos oportunamente como medio de prueba; incluso, en diciembre de 2012, se presentó un hundimiento de suelo.
En este sentido, dejó claro que el estudio que se precisa en la recomendación, no cambia la naturaleza del peligro inminente, pues de acuerdo con el Centro Nacional de Prevención de Desastres, cuando existe un hundimiento, la zona no vuelve a ser segura.
Sobre la recomendación para elaborar un estudio sobre el impacto por el uso de explosivos, se considera satisfecha, porque existe un estudio del tema y forma parte del expediente.
En el mismo se establece que los trabajos que se realizan con explosivos están a 771 metros de profundidad y es difícil que las vibraciones producidas lleguen a tener efectos nocivos en las fincas de los habitantes.
Torres Rodríguez manifestó la necesidad de que la Secretaría de la Función Pública (SFP) revise la totalidad de las constancias que integran el expediente de la queja y, de ser necesario, inicie las investigaciones administrativas a según sea el caso.
Fabiola Gilda Torres Rodríguez refirió que los pobladores de Nuevo Salaverna ya fueron incluidos en los programas de apoyo y dijo que la Secretaría a su cargo advierte un exceso en la recomendación, dado que no forman parte de los hechos denunciados y tampoco se demuestra la existencia de un desplazamiento forzado.
Finalmente, la Secretaria General de Gobierno reconoció el compromiso de las instituciones que vigilan que se cumpla el respeto de los Derechos Humanos y ratificó el compromiso y respeto ineludible del gobierno del Estado hacia los derechos humanos.
